Resoluciones Aprobadas

Resolución sobre vacunas contra la COVID-19

Considerando que: los efectos de la pandemia causada por la covid-19 han sido devastadores en América Latina y el Caribe en términos sociales, políticos y económicos;

Considerando que: los sectores más vulnerables de la región, los pobres, las mujeres, los pueblos originarios y afrodescendientes, las poblaciones de migrantes y refugiados, se encuentran en riesgo por la ausencia de trabajo, la carencia de medicinas y de atención sanitaria;

Considerando que: las políticas de prevención no son suficientes, si no hay al mismo tiempo acceso a las vacunas y medicinas contra la enfermedad;

Considerando que: la crisis sanitaria ha detonado procesos dramáticos de crisis humanitarias y violencia de género en todos los países de la región;

Considerando que: las dos terceras partes de las vacunas disponibles a nivel internacional se distribuyen prioritariamente entre los diez países más ricos;

Considerando que: los contagios sigan avanzando en las regiones menos desarrolladas, la población mundial en su conjunto seguirá siendo vulnerable;

Considerando que: los procesos de investigación y desarrollo de vacunas y medicinas anticovid-19 en todos los casos han dependido de recursos públicos generados por la economía global que vincula a todas las personas de todos los países;

Considerando que: los bienes fundamentales para la salud, como las vacunas, deben considerarse bienes públicos;

Acuerda: 

1) Demandar a la comunidad internacional, a los diferentes gobiernos, a los organismos internacionales, y a las industrias de la salud, que se permita el acceso a las vacunas contra la covid-19 en igualdad de condiciones a todos los pueblos de mundo.

2) Requerir a los gobiernos e industrias médicas que se tomen las disposiciones pertinentes para que las patentes de las medicinas y vacunas contra la covid-19 no generen regalías ni rentabilidad alguna para sus propietarios más allá de lo necesaria para cubrir los costos de investigación, y sean, por tanto, liberadas para su producción en todas las sociedades con capacidades para hacerlo.

Resolución sobre la Política de Obama

Considerando que: la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA por sus siglas en inglés) es la mayor asociación profesional del mundo para personas e instituciones dedicadas al estudio de América Latina y el Caribe. Con más de 7 000 miembros, el 40,5 por ciento de los cuales residentes fuera de los Estados Unidos, LASA es la asociación que reúne a personas expertas en América Latina de todas las disciplinas y diversos emprendimientos ocupacionales, en todo el mundo. Durante décadas, las y los miembros de LASA se han pronunciado en defensa de la democracia y los derechos humanos en el hemisferio occidental y en apoyo de las relaciones pacíficas y respetuosas entre los estados de la región.

Considerando que: la política del presidente Obama hacia América Latina no ha conseguido hasta ahora cumplir las esperanzas engendradas por su aparición en la Cumbre de las Américas en 2009 de acuerdo con la cual los Estados Unidos apoyarían de manera firme y consistente la democracia, los derechos humanos, la justicia social y la soberanía nacional; y

Considerando que: no se ha levantado el embargo contra Cuba, a pesar del llamamiento unánime de las y los miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) para ponerle fin, Cuba sigue figurando entre los Estados patrocinadores del terrorismo, y los viajes a Cuba de ciudadanos de EE. UU. siguen estando severamente restringidos; y

Considerando que: el gobierno de Obama ha demostrado una hostilidad persistente hacia los gobiernos progresistas en América Latina, en particular hacia Venezuela y Bolivia, y ha mantenido relaciones estrechas con gobiernos con deficientes registros de derechos humanos, como México, Colombia y Honduras; y

Considerando que: el militarismo del Plan Colombia y del Plan Mérida y el despliegue de la Cuarta Flota se han reforzado con la creciente militarización de la frontera EE. UU.-México y la construcción de nuevas bases militares y policiales como parte de la política antiestupefacientes, especialmente en Centroamérica; y

Considerando que: algunos presidentes latinoamericanos, actuales y anteriores, así como importantes organizaciones de la sociedad civil en los países más afectados se oponen a la actual política contra los estupefacientes de los EE. UU.  por considerarlas ineficaces y contraproducentes, con consecuencias devastadoras para la población civil;

Queda resuelto que:

1) La Asociación de Estudios Latinoamericanos insta al presidente Obama a reducir la presencia militar de EE. UU. en América Latina, a revertir la militarización de las políticas regionales y fronterizas de EE. UU., especialmente las operaciones antinarcóticos, y suspender o reducir la ayuda a las fuerzas militares y policiales en los países en los que se sigue cometiendo abusos de los derechos humanos, especialmente México, Honduras y Colombia;

2) La Asociación de Estudios Latinoamericanos insta al presidente Obama a normalizar las relaciones con Cuba, incluyendo la eliminación de tantas restricciones de viaje como sea posible por orden ejecutiva, hacer las certificaciones necesarias para poner fin a la designación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo, y trabajar activamente para lograr que el Congreso levante el embargo, así como el restablecimiento de la plena libertad de los ciudadanos de EE. UU. para viajar a Cuba;

3) La Asociación de Estudios Latinoamericanos insta al presidente Obama a respetar plenamente la soberanía de Venezuela y Bolivia y a continuar mejorando activamente las relaciones, incluida la reanudación de relaciones diplomáticas plenas;

4) La Asociación de Estudios Latinoamericanos insta al presidente Obama a rechazar toda participación directa e indirecta de los Estados Unidos en acciones o políticas que socaven gobiernos elegidos democráticamente en América Latina.

Resolución sobre Wikileaks y Denunciantes

Considerando que: el gobierno de los Estados Unidos ha tratado de censurar el sitio web Wikileaks, editor de documentos clasificados que está arrojando una luz sin precedentes sobre las acciones de EE. UU. en el extranjero;

Considerando que: el gobierno de los Estados Unidos ha iniciado procedimientos criminales contra el acusado denunciante del Ejército, el soldado Bradley Manning, a quien mantiene en detención militar desde mayo de 2010 en condiciones condenadas por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la tortura Juan Méndez;

Considerando que: WikiLeaks ha hecho un gran esfuerzo para evitar poner en peligro a las personas mencionadas en los documentos publicados, ofreciendo al gobierno de EE. UU. la posibilidad de editar los nombres, y no publicando informaciones tales como los códigos de armas nucleares que, a diferencia de los documentos publicados, sí podrían poner en peligro la seguridad global;

Considerando que: la administración Obama ha procesado a más denunciantes del gobierno que todas las anteriores administraciones de EE. UU. combinadas, enviando una señal ominosa para el futuro de la libertad académica y periodística;

Considerando que: el acceso abierto a la información sobre las actividades gubernamentales es esencial para el funcionamiento de una sociedad democrática, la aplicación del derecho internacional y la búsqueda de conocimientos académicos;

Considerando que: las organizaciones académicas tienen una responsabilidad especial para con la defensa de los principios de transparencia gubernamental y libertad académica y periodística;

Considerando que: la Asociación de Estudios Latinoamericanos es la mayor asociación profesional dedicada al estudio de América Latina, una región que ha sido el blanco de frecuentes intervenciones de EE. UU. y cuya historia está estrechamente vinculada con la de los Estados Unidos;

Queda resuelto que:

1) La Asociación de Estudios Latinoamericanosllama a la administración Obama a reconocer el derecho de WikiLeaks a publicar información de interés público;

2) La Asociación de Estudios Latinoamericanos condena el encarcelamiento y el trato cruel de Bradley Manning, incluido el período de más de nueve meses en que Manning fue mantenido en régimen de aislamiento;

3) La Asociación de Estudios Latinoamericanos llama a la administración Obama a ampliar la protección de Bradley Manning y otros denunciantes en virtud de la Ley de Protección de Denunciantes de 1989.