Áreas Temáticas y Miembros del Comité

Gabriel Giorgi, New York University
Magdalena López, Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL) / Kellogg Institute for International Studies, University of Notre Dame

La aparición de la COVID-19 y los modos en que se gestionó la pandemia pusieron sobre el tapete, una vez más, la importancia de las discusiones sobre biopolítica. La centralidad del virus vino a corroborar e intensificar líneas de problematización de la noción de “vida” y sus desplazamientos entre humano y no humano, orgánico e inorgánico, bios y geos que venían siendo trabajadas desde distintos ángulos de la reflexión biopolítica. Es claro que la distinción entre lo humano y la naturaleza propia del humanismo, con la consecuente localización del primero en términos de superioridad y dominio sobre la segunda está teniendo efectos letales para la sustentabilidad del planeta. Ante este panorama identificado con el llamado “antropocentrismo”, “antropoceno/capitaloceno”, “especismo” o con los efectos de la “máquina antropológica”, diversxs estudiosxs han abonado viejas preguntas, y formulado otras nuevas en las que premisas sobre las relaciones entre cuerpo y política adquieren nuevas resonancias y reinscriben discusiones previas. ¿Cómo se disputan y repiensan los límites de lo humano y sus posibles agenciamientos con otras formas de vida en contextos de extracción intensificada? ¿Cómo se rearticulan desde allí políticas sexogenéricas, raciales, culturales? ¿Cómo pensar la relación y la fricción entre saberes amerindios, afrodescendientes y la tradición biopolítica? ¿Qué fabulaciones críticas en torno a lo animal, lo vegetal y lo mineral se movilizan a contrapelo de los lenguajes dominantes en torno al extractivismo? ¿Cómo intervenir sobre las inflexiones de los viejos y nuevos autoritarismos en contextos necropolíticos? En los últimos años, estas cuestiones vienen siendo exploradas en relación a la experiencia en América Latina bajo diferentes perspectivas como la del derecho, la filosofía, la historia, la biología, la antropología, el activismo ambientalista y de derechos humanos, el trabajo social, la literatura, el cine, las artes plásticas y las investigaciones sobre nuevas tecnologías. Entendiendo que lo biopolítico atraviesa distintas aristas que exceden los límites disciplinarios académicos, invitamos a someter propuestas que dialoguen con estas líneas de trabajo a partir de la reflexión crítica desde y/o en tensión con la tradición de pensamiento biopolítico.

Gabriel Negretto, Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)
Sofía Donoso, Universidad de Chile

Tradicionalmente se ha considerado a Chile como uno de los casos más exitosos de democratización en la región. Tras la reinauguración de la democracia en 1990, Chile fue capaz de evitar los problemas que afectaron a otras nuevas democracias. Una coalición de centro-izquierda gobernó el país durante dos décadas y compartió el poder con una coalición de centro-derecha que desde 2010 también pudo ganar la presidencia. La política chilena no se ha visto afectada por crisis políticas o institucionales insuperables y ha tenido niveles comparativamente bajos de corrupción pública. Además, desde los años 90 Chile alcanzó una merecida reputación de éxito económico. Entre 1990 y 2010 el país no sólo multiplicó por más de tres su renta anual per cápita, sino que logró reducir los niveles de pobreza del 46 a menos del 20 por ciento. Como en la mayor parte de la región, Chile ha experimentado un relativo estancamiento económico desde 2011. Sin embargo, la renta per cápita siguió creciendo, y en 2019 la pobreza cayó por debajo del 10 por ciento.

Desde la perspectiva de la ciudadanía chilena, sin embargo, los signos de preocupación se fueron acumulando con el tiempo: la disminución de la confianza pública en las instituciones representativas, las demandas por una mejor educación, salud, pensiones y el cumplimiento de los derechos sociales en general. Estas preocupaciones llegaron a su punto álgido en octubre de 2019, cuando se produjeron protestas sociales masivas contra el statu quo político y social. Como reacción a las movilizaciones masivas, un acuerdo multipartidista activó un proceso para reemplazar la constitución en Chile. El proceso ha capturado la imaginación de la ciudanía chilena y de los observadores externos porque puede funcionar como una solución pacífica al conflicto social y desmantelar los restos de una constitución originalmente diseñada para restringir el poder de gobiernos surgidos de las urnas. También promete un nuevo modelo de elaboración de constituciones democráticas en una región en la que la insatisfacción de la ciudadanía con el desempeño democrático condujo con demasiada frecuencia a conflictivos procesos plebiscitarios de sustitución constitucional que facilitaron el deterioro democrático o una franca regresión autoritaria.

Sin embargo, el proceso de transformación democrática en Chile se enfrenta a muchos retos que resultan demasiado familiares para las sociedades latinoamericanas en general: la falta de respuesta de las élites a las demandas sociales de reforma, la desafección ciudadana, la crisis de representación, la transformación del sistema de partidos e incluso la amenaza del populismo.

En este sentido, Chile es un laboratorio de análisis comparativo. Esta área temática del programa destacará el análisis de estas cuestiones, incluyendo estudios comparativos entre los procesos sociales y políticos de Chile y los de otros países de la región. ¿Bajo qué condiciones las élites políticas dan una respuesta oportuna y adecuada al descontento social? ¿Cuál es el papel de los movimientos sociales en el desencadenamiento de procesos de reforma profundos?

Luis Daniel Vázquez Valencia, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), México
Eduardo Porreti, The New School University

Desde hace varias décadas se ha dado cuenta de la relevancia de los poderes fácticos –el que se ejerce no en virtud de ser elegido sino por la capacidad de presión o autoridad que se posee– en la toma de las decisiones políticas. Mientras algunos poderes fácticos legales con peso en el pasado, como la Iglesia, pierden capacidad de influencia, otros la ganan. ¿Cómo afecta esto a las democracias contemporáneas? La interacción entre los poderes fácticos y el poder político puede realizarse por medios legales, como el cabildeo o el financiamiento electoral de grupos empresariales, las presiones financieras de organismos internacionales, los medios de comunicación, gremios de distinto tipo para obtener leyes y políticas públicas acordes a sus intereses. Puede también realizarse por mecanismos ilegales, como amenazas, sobornos, licitaciones amañadas, negociaciones incompatibles, financiamientos electorales ilegales, puertas giratorias o violencia. Para añadir complejidad, mucha de la interacción entre los poderes fácticos y el estado se realiza en zonas grises, con actos que parecen legales, pero cuyos medios y/o finalidades son fraudulentos a los principios constitucionales y democráticos.

Estamos frente a procesos de colusión, cooptación y reconfiguración estatal que afectan no sólo a la representación política, sino también a la provisión de bienes públicos y la calidad de la democracia. En el extremo, estaremos frente a redes de macrocriminalidad, paramilitares, guerrillas y milicias que pueden llegar a instituir el orden y proveer recursos en el territorio por medio de gobernanza criminal y con el acuerdo gubernamental. ¿Qué pasa con la representación política? ¿Dónde queda la tan anhelada construcción del bienestar general? ¿Qué circuitos de representación se reconfiguran y cómo alteran la concepción de la democracia? ¿Cómo se construye el orden político y hacia dónde va? ¿Quién manda en América Latina y el Caribe?

Martha Cecilia García, Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP)
Moisés Arce, Tulane University

El siglo XXI ha estado marcado por oleadas de protestas en muchos países de América Latina y el Caribe. Desde la Guerra del Agua en Bolivia en 2000, el Argentinazo en 2001, pasando por aquellas que llevaron al ascenso y caída de Evo Morales (2003-2018) y por las constantes protestas contra los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela (2002, 2004, 2007, 2014, 2017, 2018). También hubo protestas en Brasil (2013), Nicaragua (2018), Haití (2018-2019), El Salvador (2019-2020), Puerto Rico (2019), México (2019), Chile (2019), Ecuador (2019), Perú (2019), Colombia (2019, 2020, 2021) y Cuba (2021). Tales protestas fueron realizadas por multiplicidad de actores sociales y políticos, que desplegaron en el espacio público, y de las más variadas maneras, diversidad de reivindicaciones; diversas fueron también las respuestas gubernamentales, tanto a las demandas presentadas como a los protagonistas de esas luchas sociales.

El arte, la tecnología, el activismo, la academia, se entrelazaron en estas manifestaciones para potenciar su visibilidad. Solidaridad, sororidad, cuidados de sí y de los otros florecieron en la mayoría de ellas. ¿Qué condiciones han permitido que estas oleadas de protestas se hayan esparcido por el continente? ¿Qué dicen esas protestas sobre la democracia en la región? ¿Son ellas muestra de la crisis de la democracia representativa, de la legitimidad política, o de la polarización social? ¿Cómo se relacionan los emergentes y remozados actores y movimientos sociales, portadores de demandas de garantías para ejercer y consagrar derechos individuales y colectivos, con los partidos y movimientos políticos? ¿Cómo han respondido los gobiernos de la región a las denuncias de corrupción, violaciones de derechos humanos y de la naturaleza e impunidad, que se han expresado en las luchas sociales? ¿Cómo han respondido los sistemas políticos de la región a la desconfianza ciudadana frente a las instituciones políticas?